Como biogenetista, observo con preocupación cómo el debate sobre la Ley de Biotecnología se está polarizando por la desinformación. Considero que gran parte del rechazo actual hacia los organismos genéticamente modificados (transgénicos) no responde a evidencia científica concluyente, sino que es producto del miedo natural de la gente a lo nuevo. No podemos permitir que el temor paralice el avance tecnológico del país.

Sin embargo, el ingreso de esta tecnología no puede ser indiscriminado. Si nuestro objetivo estratégico es preservar y potenciar el comercio de nuestros productos orgánicos, es imperativo establecer una reglamentación muy específica y técnica. Esta normativa debe estar diseñada quirúrgicamente para evitar cualquier posibilidad de contaminación genética que amenace nuestra biodiversidad.

El Ejecutivo tiene la responsabilidad de definir el futuro de este dictamen sin caer en extremismos. La solución no es la prohibición basada en el pánico, ni la apertura irrestricta; la clave reside en la capacidad fiscalizadora del Estado y en el desarrollo de protocolos de bioseguridad que garanticen la coexistencia segura de la biotecnología moderna con nuestra riqueza agrícola nativa.