Como fiscalizador de la gestión pública, denuncio la continuidad de un sistema perverso conocido como «planillas secretas», mediante el cual ministros y altos funcionarios reciben sobresueldos encubiertos a través de organismos internacionales como el PNUD. Esta práctica no es otra cosa que un mecanismo de elusión tributaria diseñado para que la alta burocracia evite pagar impuestos sobre sus ingresos reales, mientras la Sunat persigue implacablemente al emprendedor y al ciudadano de a pie.

Es inaceptable que el Estado pague comisiones millonarias e innecesarias a entidades extranjeras por administrar fondos que provienen de créditos públicos —es decir, dinero de todos los peruanos— con el único propósito de mantener estos pagos en la oscuridad. Al disfrazar estos emolumentos como «fuente extranjera», los funcionarios evaden sus obligaciones fiscales y morales frente al país.

Exijo la eliminación inmediata de este sistema opaco. La transparencia democrática demanda que todos los ingresos de los funcionarios sean incorporados a las planillas formales del Estado y tributen como corresponde. Solo así tendremos la autoridad moral para exigir sacrificios a la ciudadanía y garantizaremos un uso eficiente y ético de los recursos públicos.